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El problema de que los hombres legislen sobre el aborto

Israel Pompa-Alcalá

October 10, 2017

Imagen: Reuters

El pasado 4 de octubre, el Congreso de los Estados Unidos, compuesto en su mayoría por miembros del partido republicano, aprobó un proyecto de ley, totalmente respaldado por la administración Trump, en el cual se prohíbe terminantemente el aborto luego de 20 semanas de gestación. 

Esta propuesta, impulsada por el legislador de Arizona (de obvio corte conservardor) Trent Franks, fue aprobada con 237 votos a favor y 189 en contra. A pesar de contar con excepciones como los casos de violación, incesto o para salvar la vida de la mujer, el proyecto prácticamente criminaliza la intención o práctica del aborto, pues para contiene penas que van de multas económicas a estancia en prisión. 

Si bien esta ley aún tiene que ser aprobada por el Senado (en 2015, un intento similar fue detenido en dicha cámara), lo realmente preocupante es que, en un período muy corto de tiempo, se han tratado de impulsar iniciativas que criminalizan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida. A esto, hay que sumar el claro corte misógino de la actual presidencia, el cual se puede ver desde el “Grab’em by the pussy” declarado por Donald Trump a la mínima inclusión femenina en la toma de decisiones políticas. 

Por ejemplo, actualmente, 105 mujeres ostentan un lugar en el Congreso de los Estados Unidos, lo que representa sólo el 19.6% los 535 asientos que la conforman. En cuanto al Senado, sólo ejercen 21 mujeres, equivalentes al 21% del total. En la Casa de Representantes, el porcentaje es aún menor, con el 19.3% (84 mujeres). 

Entonces, viene la pregunta: ¿por qué son los hombres (en su mayoría blancos, es decir, privilegiados, de corte conservador y sin tener la más mínima idea de lo que significa ser mujer y enfrentar la decisión social, física y mental de un embarazo) quienes están decidiendo lo que las mujeres deben hacer o no respecto a sus decisiones reproductivas? Porque como ya se ha visto en otros casos, más allá de un asunto moral (resulta paradójico que la mayoría de antiabortistas se preocupen por lo que le pasa al feto en gestación, pero dejen de preocuparse cuando un niño o niña está en situación de calle, hambruna o nulo acceso a servicios básicos como salud y educación), se trata de una herramienta de control y sometimiento, de un ejercicio puro del poder dentro de una sociedad machista y retrógrada. 

Mike Pence abandona una sesión del Congreso donde se promulgó la iniciativa de ley. Pence es un conocido detractor del derecho al aborto y en enero pasado encabezó la denominada "Marcha por la Vida" en Washington. Imagen: EFE

Evidentemente, los hombres no deberían legislar sobre asuntos femeninos, por una muy simple razón: desconocen el tema. Las cámaras, los grupos parlamentarios y demás, fueron creados con el fin de representar a un grupo de la sociedad, no para hacer uso del poder de manera arbitraria. La ejecución equitativa, balanceada y sana del brazo constitucional o legislativo, debe justamente hacer valer ese principio: una intención de mandato debe actuar por y para los involucrados, no para personajes que anteponen sus creencias y valores morales (los cuales siempre resultan subjetivos) al bienestar común. 

El asunto es simple: quienes deberían legislar sobre las decisiones corporales y reproductivas de las mujeres, son las propias mujeres y nadie más. ¿Por qué? Porque sólo ellas son quienes afrontan absolutamente todas las consecuencias de hacerlo o no. Sólo ellas son estigmatizadas por la sociedad, sólo ellas son quienes padecen los cambios físicos, los golpes emocionales, el grandísimo abanico de posibilidades. Obligarlas con una ley a cumplir con algo que no desean, no sólo es arcaico, sino una imposición terrible, un castigo brutal a su derecho a decidir. Que sean ellas, las únicas que pueden experimentar un aborto, quienes marquen los parámetros para hacerlo. Penalizar el asunto sólo provoca mayores problemas, pues la práctica jamás se ha detenido, sino que se mueve en la clandestinidad e ilegalidad, lo cual ha generado desde afecciones físicas irreversibles a la muerte. 

El aborto sí es un asunto de vida, pero de la vida que toda mujer tiene derecho a elegir. Nada más, pero nada menos. 


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