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Enmienda 25: ¿Destituir al "niño Trump" por incapacidad mental?

Bárbara Pérez Curiel | @bpcuriel Bárbara Pérez Curiel | @bpcuriel

03 de julio de 2017, 10:05 hrs

Trump El presidente Donald Trump. Imagen: Reuters

El verano empezó mal para Donald Trump: no sólo el 57% de sus gobernados desaprueba su desempeño en la Casa Blanca, sino que, según una encuesta de junio, el 47% está de acuerdo en que sea sometido a un juicio político

Con esos datos, inicia un mes negro para Trump, en el que marchas en 46 ciudades del país le recuerdan que está siendo investigado por obstrucción a la justicia y en el que, con un poco de suerte, entiende que hay más gente que cree que es culpable (49%) de la que lo aprueba como presidente (37%). 

Por su parte, el país comienza el mes con información fresca para dar rienda suelta a lo que se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos: fantasear sobre los distintos caminos que podrían llevar a Trump a perder su trabajo, un trabajo que la mayoría nunca quiso que tuviera. 

El escenario del que más se ha hablado, la destitución mediante un juicio político (impeachment), es una vía difícil que requiere de un gran acuerdo en el Congreso. Además de una votación mayoritaria en la Cámara de Representantes, se necesita una de dos tercios en el Senado. Y con ambas cámaras controladas por los republicanos (al menos este año), un juicio político a Trump en el futuro cercano parece poco probable.

Pero la Constitución ofrece otro camino para sacar a un presidente de la Casa Blanca, uno que últimamente está ganando algo de fuerza.

El asesinato John F. Kennedy en 1963 aceleró un debate entre legisladores sobre la necesidad urgente de establecer un plan de sucesión claro en caso de que un presidente se quedara súbitamente incapacitado para ejercer el cargo, ya fuera temporal o permanentemente. Cuatro años más tarde, la enmienda 25 a la Constitución fue propuesta y ratificada.

En su sección cuarta, la enmienda 25 establece que el vicepresidente, la mayoría de los miembros del gabinete o  "cualquier otro organismo autorizado por ley a través del Congreso" pueden declarar al presidente incapaz de gobernar.

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El 13 de febrero, Trump no llevaba ni un mes y medio en la Casa Blanca cuando un grupo de psicólogos y psiquiatras renombrados escribieron una carta abierta al diario The New York Times en la que confirmaron un diagnóstico que muchos sospechaban desde la campaña electoral: que Trump no estaba capacitado mentalmente para cumplir con las funciones de un presidente: 

Los pronunciamientos y las acciones del señor Trump demuestran su incapacidad para tolerar posturas distintas a la suya, lo que lo lleva a reaccionar ante éstas con ira. Sus palabras y su comportamiento sugieren una profunda incapacidad de empatía. Las personas con estos rasgos distorsionan la realidad para acomodarla a su estado psicológico y, para esto, atacan tanto a los hechos como a quienes los comunican (periodistas, científicos). Cuando se trata de un líder poderoso, es probable que este tipo de agresiones aumenten a medida que su mito de grandeza personal parece confirmarse.

Desde entonces, comenzaron a aparecer más y más referencias a la vigesimoquinta enmienda. En mayo, por ejemplo, el columnista conservador del New York Times Ross Douthat escribió en un texto titulado "La solución de la vigesimoquinta enmienda para sacar a Trump":

La presidencia no es sólo un trabajo más. Se ha convertido, por buenas y malas razones, en un puesto con un poder político semimonárquico [...] y la parada final de decisiones que, de un momento a otro, pueden resultar en que personas de todo el mundo vivan o mueran. 

No es necesario ser un superhéroe de Marvel o un superhombre nietzscheano para estar a la altura de esta responsabilidad, pero sí se necesitan algunos atributos básicos: un nivel de curiosidad intelectual razonable, cierta seriedad en los objetivos, un nivel básico de habilidades administrativas, una capacidad de concentración decente, una brújula moral funcional y algo de contención y autocontrol. [...] Trump es deficiente en todos estos ámbitos. 

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El diagnóstico de Douthat, como el de los especialistas, es que Trump es incapaz de gobernar Estados Unidos de forma segura y legal, pero su argumento implica, además, que su incapacidad lo deslinda de su responsablilidad: "Yo no creo que [Trump] sea realmente capaz de llevar a cabo las conspiraciones secretas que plantean las teorías más oscuras sobre la trama rusa. Y es difícil romper el juramento de un cargo cuyas obligaciones no pareces entender o respetar en lo absoluto".

Según Douthat, tal como sucede con un niño, Trump no puede cometer crímenes en el "sentido común del término" y, debido a que "no entiende la naturaleza del puesto que ocupa, de las limitaciones a las que está adherido y quizá tampoco de las interacciones humanas normales", no puede ser realmente culpable de obstruir la justicia. Douthat concluye que, debido a todo esto, la vía hacia la destitución tendría que basarse en la incapacidad del presidente y no en un juicio político que lo responsabilizaría de sus acciones.

Tal como su popularidad, cada vez que Trump parece tocar fondo, el fondo se hace más profundo. El jueves pasado, después de que el presidente insultara por Twitter a los presentadores de MSNBC Mika Brzezinski y Joe Scarborough —en un arrebato inusual incluso para sus estándares —, Jamie Raskin, legislador demócrata por Maryland, urgió a sus colegas a respaldar su propuesta de ley presentada en abril para conformar un "comité de vigilancia"  en el Congreso que tenga la facultad de declarar incapacitado a Trump.

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El mismo día, cuatro demócratas se unieron al proyecto, el cual rescata la sección de la enmienda 25 que dice que no debe ser necesariamente el gabinete el que reporte la incapacidad del presidente, sino que puede hacerlo "cualquier otro organismo autorizado por ley a través del Congreso". La ley de Raskin establecería dicho organismo: un “Comité de Vigilancia de la Capacidad Presidencial”, que estaría conformado por psiquiatras y exfuncionarios públicos. 

Hasta el día de hoy, 25 legisladores demócratas lo respaldan.

No obstante, en la vía de la enmienda 25 se imponen aún más obstáculos que en la de la destitución mediante juicio político. Primero que nada, el vicepresidente tiene la facultad de bloquear la declaración de incapacidad, pero, incluso en el escenario sumamente improbable de que los demócratas contaran con el apoyo de Mike Pence, la enmienda contempla la posibilidad de que el presidente contradiga oficialmente el veredicto de quienes lo declaran incapacitado.

En caso de que esto último sucediera (que es casi una garantía), la decisión final quedaría en manos del Congreso y sería necesaria una votación de dos tercios a favor en ambas cámaras. Es decir, para aplicar la enmienda 25 se necesita un consenso aun mayor en el Congreso que para someter al presidente a un juicio político.

Raskin, sin embargo, asegura que su proyecto está generando interés entre legisladores tanto demócratas como republicanos.

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Pero más allá de la dificultad (que raya en imposibilidad) de llevar a cabo este proceso, es necesario considerar sus implicaciones políticas y éticas. Jeffrey Rosen de The Atlantic argumenta que el peligro de la enmienda 25 reside en el hecho de que ésta abre las puertas a que la determinación de incapacidad se convierta en una cuestión política en lugar de una médica: "Puesto que la vigesimoquinta enmienda tiene como propósito dejar en manos de políticos y no de doctores determinar si el presidente está incapacitado, nada en su texto o historia impediría que el vicepresidente, el gabinete o el Congreso resolvieran que el presidente es 'incapaz de cumplir con los poderes y obligaciones de su cargo' si consideran que les conviene políticamente".

Además, en el caso del presidente actual, buscar su destitución argumentando, como hace Douthat, que su incapacidad mental le impide reconocer y cumplir con sus obligaciones tendría consecuencias muy negativas en la manera de entender la rendición de cuentas a la que están sujetos los funcionarios públicos. Partiendo de su fecha de nacimiento y no de su conducta (y en última instancia, de una valoración subjetiva de su conducta), Trump no es un niño; es un adulto legalmente responsable de sus acciones que decidió libremente asumir el cargo de presidente, con todo lo que éste implica. Y aun si desconociera o tuviera problemas para entender las normas a las que está sujeto, como presidente, pero también como ciudadano, la ignorancia de la ley no lo excusa.

Por poco probable que sea, si Trump llegara a ser destituido, esta remoción tendría que ir de la mano de la rendición de cuentas que le debe a los ciudadanos a los que sirve.

Por ahora, las fantasías sobre su salida prematura de la Casa Blanca seguirán alternándose entre estos dos escenarios legales posible y Trump, con toda probabilidad, seguirá lanzando insultos y ataques que seguirán poniendo en duda no sólo su capacidad para gobernar, sino para comportarse como un ser humano con una dosis elemental de empatía. 

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