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La delgada línea entre la vida y la muerte: asesinatos impunes en la frontera

Israel Pompa-Alcala Israel Pompa-Alcala

08 de agosto de 2017, 22:37 hrs

frontera

Imagen: Depositphotos

El 7 de junio de 2010, cuatro adolescentes mexicanos caminaban por el puente que cruza por encima del Río Bravo, el cual une a Ciudad Juárez, México, con El Paso, Estados Unidos. Entonces, se acercaron a una reja e intentaron escalarla para cruzar hacia territorio estadounidense. 

Justo en ese momento, un agente de la Patrulla Fronteriza los descubrió y comenzó la persecución. A los pocos metros detuvo a uno de ellos, mientras que los tres restantes, alcanzaron suelo mexicano. La impotencia de ver a su amigo capturado los llevó a arrojar piedras contra el agente, quien, sin pensarlo un solo segundo, desenfundó su arma y disparó tres veces contra los jóvenes. El resultado fue la muerte de Sergio Adrián Hernández Güereca, quien apenas contaba con 14 años de edad, por un impacto de bala en la cabeza. 

La escena anterior quedó registrada en video gracias a un par de ciudadanos mexicanos que la atestiguaron. El testimonial permitió comprobar que, si bien existió una suerte de agresión, la vida del agente nunca corrió peligro y, por tanto, su reacción fue totalmente desmedida y abusiva. 

Los padres de Sergio de inmediato presentaron una demanda contra quien resultara responsable, pero la misma fue desechada un par de años después por un juez federal de El Paso, Texas, pues, a pesar de la evidencia, se argumentó que la Constitución de Estados Unidos no otorgaba ningún alivio a los padres del menor porque su hijo se encontraba en territorio mexicano cuando murió.

Un caso similar ocurrió igualmente en junio, pero de 2011, cuando José Antonio Elena Rodríguez fue abatido por Lonnie Swartz, agente migratorio que le disparara nueve veces en la espalda y la cabeza, con el alegato de defenderse de una agresión. El joven, oriundo de Nogales, Sonora, sólo tenía 16 años cuando fue atacado por Swartz.

 A los asesinatos de Sergio y José Antonio se sumarían los de Ramsés Barrón Torres, de 17 años; Juan Pablo Santillán, de 30; José Alfredo Yáñez Reyes, de 40; Jorge Alfredo Solís Palma, de 28 y Guillermo Arévalo, de 36; todos cometidos bajo la misma tónica: disparos desde territorio estadounidense hacia territorio mexicano. Este hecho exime de responsabilidad a los agentes, pues como se señaló en el caso de Sergio, la Constitución del país los protege de todo castigo si los sujetos abatidos perecieron en suelo mexicano. 

Miembros de la American Civil Liberties Union (ACLU), organización civil que vela por defender y preservar los derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos, declararon al portal Animal Político que: “los tiroteos mortales por parte de la Patrulla Fronteriza han incrementado alarmantemente, sin que ello se traduzca en investigaciones o sanciones”. Fuera de los casos mencionados, se tiene registro que desde 2010 22 personas han sido asesinadas por agentes fronterizos, sin que ninguno de ellos se haya revisado de manera seria, exceptuando el de Sergio, que, a pesar de no obtener resultados positivos, al menos sentó un precedente para el futuro. 

Según el periódico El Universal, se tienen reportes que señalan que, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, las agresiones perpetradas por la Patrulla Fronteriza se duplicaron, pues de un registro de 9,800 casos en el año 2000, las cifras de 2015 alcanzaron 20,183 ataques. 

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Luis Fernando Parra, abogado en el caso de José Antonio Elena, señaló que un agente tan “sólo necesita 54 días de entrenamiento y luego se le entrega un arma”, con lo cual deja ver la poca responsabilidad de las autoridades migratorias al momento de preparar a sus elementos. Richard Boren, fundador de BorderPatrolVictims Network, una ONG hacendada en Arizona, dice al respecto: “tenemos una atmosfera del Viejo Oeste en la frontera. Cualquier persona puede ser asesinada a tiros por la Patrulla Fronteriza sin que se ejerza ningún tipo de castigo o justicia”. 

Ahora bien, hasta el momento hemos hablado de los casos conocidos, pero existe también un gran número de muertes sistemáticas que no pueden ser contabilizadas. El rotativo Arizona Daily Star trató de mantener una base de datos que registrara los decesos ocurridos entre el verano de 2004 y el invierno de 2006, al tiempo que los comparara con números provenientes de otras asociaciones. Este proyecto nació de la ausencia de números oficiales por parte del Estado, quien mantiene como misterio la cifra exacto de muertes migrantes al tratar de cruzar la frontera por el lado de Arizona. Los resultados de este esfuerzo arrojaron que los deceso por año se incrementaron de nueve casos en 1990 a 201 en 2005. Además, las muertes de jóvenes menores de18 años aumentó considerablemente. 

A este respecto, The Guardian informa que el grupo No More Deaths, establecido en Arizona, ha declarado que la Patrulla Fronteriza utiliza también el desierto como “arma” para acabar con la vida de los migrantes, pues estima que las desapariciones no contabilizadas de personas muertas en territorio árido puede ascender a cerca de 6,000 desde 1990. 

En septiembre de 2013, el Congreso de los EEUU instó a la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna a emitir un informe para revisar los casos de abusos contra migrantes. En el documento se emitió una recomendación para fortalecer el entrenamiento de los agentes en derechos humanos, así como la urgencia de llevar un registro preciso de los incidentes, pues, hasta ese momento, la Oficina de Aduanas y Fronteras sólo contaba con un catálogo de “mala conducta”, señala Animal Político

El vocero de la Patrulla Fronteriza en Arizona, Andy F. Adame, señala que, a pesar de que se tiene que investigar cada muerte migrante, “no se tiene información sobre agentes consignados porque esos procesos se llevan a cabo en instancias judiciales”. La vida en total impunidad. 

¿Y el Gobierno mexicano? Si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores señala que se trata de un tema prioritario, no han existido acciones contundentes o apoyo gubernamental para alguno de los familiares de los mexicanos asesinados, al tiempo que niega toda petición de información sobre asesoría o papeleo que haya tenido la Cancillería en los casos señalados. 

De suerte tal que el desierto y la frontera entre México y Estados Unidos se vislumbran (aun más ante las medidas migratorias prometidas por el presidente Trump) como la auténtica línea divisoria entre la vida y la muerte para un migrante, lo cual representa una auténtica crisis humanitaria que tanto el Gobierno mexicano como el estadounidense han decidido ignorar. 

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