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Operación internacional arrasa con con pandilleros de MS-13

Azteca América | EFE Azteca América | EFE

16 de noviembre de 2017, 12:56 hrs

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Imagen: EFE

Las autoridades estadounidenses anunciaron el jueves la detención de 267 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador y Estados Unidos, en una operación policial que buscaba debilitar la estructura internacional de la banda y sus fuentes de financiación.

La operación, bautizada "Toro Rabioso", se desarrolló en dos fases: la primera resultó en el arresto de 53 pandilleros en El Salvador tras una investigación de 18 meses y la segunda, que se llevó a cabo en Estados Unidos entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre, desembocó en la detención de otros 214 pandilleros.

En una rueda de prensa en Washington, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan, anunció los resultados de la operación policial y aseguró que acabar con la Mara Salvatrucha es una de las "mayores prioridades" de su Gobierno.

"No descansaremos hasta que cada miembro, cada aliado, cada líder de MS-13 sea responsable de sus crímenes y sean deportados aquellos que viven ilegalmente en el país", subrayó Homan.

De los 214 detenidos en Estados Unidos, 93 fueron arrestados por haber cometido algún crimen, entre los que se incluye asesinato, robo, narcotráfico o asalto, mientras que el resto (121) fueron apresados por haber cometido alguna falta administrativa al haber infringido normas del sistema migratorio.

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Entre los detenidos se encuentran ocho pandilleros de una "clica" de la Mara Salvatrucha, conocida como "los Marineros", y que entre 2015 y 2017 se dedicó a extorsionar a los negocios ubicados los condados de Prince George y Montgomery, ambos en el estado de Mayland y a las afueras de Washington.

Los ingresos que obtenían de la extorsión, así como del tráfico de marihuana y cocaína, eran enviados supuestamente a El Salvador para fortalecer allí la estructura de la banda.

Además, los pandilleros, que se enfrentan ahora a la Justicia en Maryland, están acusados de haber asesinado a otro joven que al parecer formaba parte de Barrio 18, la banda rival de MS-13.

"Cuando detenemos a criminales que forman parte de pandillas y los sacamos de las calles, cuando los deportamos si están aquí ilegalmente, entonces, estamos enfrentando una importante vulnerabilidad de seguridad pública", consideró el subdirector ejecutivo asociado de la unidad de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Derek Benner.

Al respecto, Benner detalló que 16 de los 214 detenidos eran ciudadanos estadounidenses, mientras que 198 eran extranjeros y solo cinco tenían permiso para residir legalmente en Estados Unidos.

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Entre los extranjeros detenidos se incluyen 135 salvadoreños, 29 hondureños, 17 mexicanos, 12 guatemaltecos, 4 ecuatorianos y un nacional de Costa Rica.

Según dijo Benner, aunque la mayoría son adultos, 64 cruzaron la frontera cuando eran menores y lo hicieron solos.

El Gobierno del presidente Donald Trump acabó recientemente con un programa creado por su antecesor, Barack Obama, destinado a dar refugio a los niños que cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos durante el verano de 2014 y procedentes, en su mayoría, de El Salvador, Honduras y Guatemala.

El programa, que terminó oficialmente este mes, dio refugio a 1,500 menores desde que Obama lo puso en marcha en 2014.

Organizaciones defensoras de los derechos, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), rechazaron la decisión de Trump de acabar con ese programa para menores centroamericanos y, además, han criticado las redadas al considerar que las detenciones se llevan a cabo sin pruebas suficientes.

"En un último esfuerzo de este Gobierno de ser duro en inmigración, los agentes federales están deteniendo adolescentes en lo que parece un esfuerzo coordinado de detener a cualquiera con la sospecha de que pertenecen a una banda, sin importar si tienen evidencias reales para respaldarlo", sostiene ACLU en su web.

El presidente, Donald Trump, está poniendo en práctica una política de "tolerancia cero" con las bandas criminales, como la Mara Salvatrucha, a la que su Gobierno está persiguiendo judicialmente con el fin de bloquear sus fuentes de ingresos y menguar el número de pandilleros en sus filas.