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Cárceles de ICE abusan de los derechos de indocumentados detenidos

Azteca América | EFE Azteca América | EFE

29 de noviembre de 2017, 15:01 hrs

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ignora las normas de responsabilidad y transparencia que exige el Congreso al contratar a empresas que gestionan centros de detención de inmigrantes, según un estudio que presentan el miércoles defensores de los derechos de los reclusos.

Detention Watch Network y Center for Constitutional Rights hicieron la denuncia tras analizar los contratos vigentes que ICE tiene con contratistas privados de prisiones como GEO Group y CoreCivic Inc, que operan gran parte de los centros de detención que albergan a inmigrantes.

"La información revelada ha confirmado nuestras preocupaciones sobre las prácticas irresponsables y poco éticas del ICE al realizar contratos con agencias privadas", advirtió Mary Small, directora de políticas de Detention Watch Network.

Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han insistido que las violaciones a los detenidos aumentan en los centros privados y que el Gobierno federal no ha hecho nada por vigilar estos abusos.

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Entre los hechos más alarmantes se encontró que 159 de 201 contratos analizados no tienen fecha de expiración, lo que significa que no existe una fecha de renovación del acuerdo, tiempo exigido por las leyes para que el Gobierno tiene para realizar una inspección sobre los servicios que ofrecen las instalaciones.

La falta de estos datos en esta clase de convenios contribuye, denuncian, a que se produzcan abusos en estas cárceles, como el Centro de Detención migratorio de Adelanto, en California.

El lugar, gestionado por GEO, ha sido objeto de decenas de denuncias, entre las que se encuentran falta de acceso a los servicios médicos, agua potable para beber, papel sanitario y llamadas telefónicas.

GEO también estaría forzando a los detenidos a trabajar para ahorrar costos, y en septiembre pasado el Fiscal General del estado de Washington, Bob Ferguson, entabló una millonaria demanda en contra del contratista por "explotación laboral" en el Centro de Detención del Noroeste de Tacoma (NWDC), en la costa Oeste de Estados Unidos.

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La batalla por revelar la verdad de estas cárceles no es nueva. Detention Watch Network y Center for Constitutional Rights llevan más de cuatro años peleando por tener acceso a la información que fue revelada el miércoles.

Las organizaciones demandaron al Departamento de Seguridad Interna (DHS) en 2014 exigiendo que ICE cumpliera con la Ley de Libertad de Información (FOIA) y entregara la información y los contratos que la agencia realiza con los contratistas.

Ghita Schwarz, abogada de Center for Constitutional Rights, asegura que ICE es una de las agencias federales que más se niega a cumplir con FOIA.

Un juez ordenó al Gobierno revelar la información. No obstante, Schwarz explicó que las compañías privadas decidieron apelar la decisión para, en de Schwarz, muestra que las compañías privadas quieren mantener los detalles de los contratos lejos de la opinión pública.

Hasta el mismo gobierno ha confirmado los abusos en los centros de detención operados por el sector privado.

El año pasado el Departamento de Justicia entregó un informe en el que aseguraba que las prisiones privadas eran menos seguras que las operadas por el Buró Federal de Prisiones (BOP) y había menos seguimiento en las acciones disciplinarias contra los empleados que cometían abusos contra los detenidos.

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Ante la situación, la administración Obama decidió terminar con varios de estos contratos. Sin embargo, en febrero pasado el fiscal general, Jeff Sessions, decidió restablecer los acuerdos.

El gobierno de Trump ha puesto énfasis en mantener a los indocumentados que esperan deportación en cárceles y quiere.

La investigación de Detention Watch Network y Center for Constitutional Rights reveló que el 73% de los detenidos por ofensas de inmigración están recluidos en cárceles privadas. La investigación destaca que los contratos entre gobiernos locales y el ICE también están aumentando, así como el valor de costos por reo.

Schwarz y Small aseguraron que un análisis más profundo de los datos obtenidos revelará más información en los próximos meses, y dará la base para acciones futuras para detener estas fallas sistemáticas.


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